I. Introducción
1. España se enfrenta a nuevos retos y desafíos y el Partido Popular no puede eludir su responsabilidad para contribuir al desarrollo de nuestro país como una democracia moderna y próspera.
2. Con este objetivo, el Partido Popular aporta ideas, principios y convicciones que contribuyan a lograr una España mejor para todos.
3. El análisis sosegado de estos últimos 30 años de la historia de España, los que han transcurrido desde la aprobación de la Constitución en 1978, nos lleva a la conclusión de que nos encontramos ante un periodo que ha significado un importante éxito político, económico y social para nuestra nación y nos ha permitido disfrutar de un proceso de convivencia y crecimiento sin precedentes.
4. Sin embargo, en estos últimos tiempos se puede observar, con creciente inquietud, que determinados sectores políticos y sociales parecen ignorar que la libertad es algo que se gana cada día y que no conviene frivolizar los logros que ha costado tanto esfuerzo alcanzar.
5. El Partido Popular asume como propia la defensa de la idea, de la realidad, de la historia y del proyecto de España.
6. Entendemos que la nación española es un proyecto histórico que tiene su origen en una historia común de siglos que culmina en la Constitución de 1812 - origen de nuestra Modernidad política-y en la Constitución de 1978. Creemos que la vigente Constitución es la mejor garantía de la preservación de los derechos, del progreso, de la paz, del bienestar, de la educación y de las libertades de todos y cada uno de los españoles, de todos y cada uno de nosotros.
7. La Constitución de 1978 es probablemente la mejor de nuestra historia y revela una vocación de futuro y una vitalidad extremadamente importantes.
8. No es una pieza del pasado, como algunos pretenden, ni una estación de tránsito hacia un futuro supuestamente mejor o distinto como otros propugnan. Como sostiene nuestra Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
9. Ese pueblo español que, en un acto de generosidad histórico excepcional, estableció unas condiciones que nos permiten -a toda la gente de buena fe- vivir de una manera tranquila y cívicamente positiva.
10. La Constitución es producto de la decisión firme y positiva de una sociedad española madura que quiere ser moderna y libre como las demás, y que además lo ha conseguido, a pesar de que algunos pretendan impedirlo.
11. Nuestro objetivo no puede ser otro que prepararnos y preparar a la sociedad española para ganar su confianza mayoritaria en 2012.
12. Tenemos un proyecto político que es apoyado por más del 40 % de la sociedad española.
13. Somos la organización política más numerosa de España, pero nuestro esfuerzo sería baldío sino fuéramos capaces de ver que asistimos a nuevos tiempos que requieren enfoques renovados.
14. A tal fin es necesario mejorar e intensificar la comunicación de nuestro proyecto político y hacer un esfuerzo adicional en este campo. Tenemos que lograr que la mayoría de la sociedad española nos vea como su referencia a la hora de defender sus aspiraciones y anhelos.
II. Principios y valores del PP
15. España se ha incorporado con un formidable vigor al grupo de las democracias occidentales avanzadas. Ha compartido los principios que han permitido al mundo vivir una de las épocas de mayor progreso en la historia de la humanidad.
16. Podríamos resumir los valores sobre los que se sustenta nuestro modelo de sociedad, aquel que ha apoyado y alentado el Partido Popular, la democracia, el mercado libre, el imperio de la ley, los derechos humanos, la separación de poderes, el gobierno limitado y la libertad individual.
17. La sola mención de estos valores, típicamente occidentales, suscita admiración, porque aunque puedan verse como incompletos o presentan deficiencias, encierran en sí una carga de progreso, de racionalidad, de defensa de la dignidad humana y de superación vital tan extraordinaria, que su mera enunciación hace revivir el largo y difícil camino que nuestro pueblo ha tenido que recorrer para llegar a su plasmación actual.
18. Por ello, cualquier intento de doblegar los principios de convivencia y tolerancia, de superación de errores y rencores, de limpieza y transparencia democrática, debe ser firmemente rechazado, pues, una democracia envilecida o pervertida es la más triste de las realidades políticas, ya que supone una degradación de una idea noble y el fracaso del mejor mecanismo político desarrollado por el ser humano hasta el momento.
19. Afirmamos que España es una gran nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, casa común de todos ellos y un reto del que todos podemos y debemos participar.
20. Defendemos los valores superiores de nuestra Constitución, es decir, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y se propone asegurar la plena y equilibrada vigencia de todos ellos en nuestra convivencia.
21. La libertad es el primero y más importante de los valores de la convivencia, el que permite a cada uno vivir de acuerdo a su dignidad esencial y al conjunto de la sociedad prosperar y desarrollarse.
22. La justicia es el fundamento material de cualquier sociedad democrática. Sin ella reina la arbitrariedad y es imposible el ejercicio de las libertades y la vigencia de la igualdad.
23. La igualdad que defendemos es la ausencia de privilegios y discriminaciones entre españoles de cualquier tipo por razones de credo, raza, discapacidad, lugar de nacimiento y residencia. La existencia de oportunidades para todos, la vigencia de criterios de mérito para el acceso a los cargos públicos y el reparto de las cargas atendiendo a criterios de capacidad y justicia.
24. Nuestra defensa del pluralismo político se basa en la idea de que, dentro de los valores constitucionales, todos deben tener la posibilidad de defender las ideas y soluciones que consideren mejores, sin más ventajas o privilegios para nadie que los que directamente deriven de la decisión democrática ciudadana en las elecciones.
25. Defendemos la Constitución, sus instituciones y los símbolos que establece.
26. Defendemos la igualdad de oportunidades y creemos en el mérito y la capacidad como los principios que permiten a los ciudadanos, con independencia de su procedencia, alcanzar sus metas personales.
27. Nuestra Nación es un proyecto solidario entre españoles y entre las distintas partes y territorios que la conforman.
28. Nuestro Estado es la garantía de la igualdad de derechos y de oportunidades para construir un sistema más justo.
29. Debemos garantizar la existencia de un Estado fuerte, con capacidad para garantizar nuestros derechos, nuestra igualdad y nuestra solidaridad.
30. España necesita una voz potente y clara en el mundo para desempeñar un papel activo en el exterior, para defender nuestros intereses nacionales y proyectar nuestra lengua común y nuestra cultura.
31. Proclamamos la plena vigencia del Estado autonómico dentro de la indisoluble unidad de la Nación española.
32. La Nación es la garantía de la libertad y de la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones. Nacer en un territorio u otro, tener una u otra seña de identidad cultural, lingüística o institucional es una muestra evidente de la diversidad y riqueza de nuestra Nación, pero no puede ni debe conllevar discriminación alguna entre españoles.
33. La soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. La articulación política y administrativa de nuestra Nación será decidida por todos los españoles.
34. Ningún territorio, ninguna parte de la población están legitimados para privar de ese poder de decisión al conjunto de los españoles.
35. Qué es España y cómo se organiza, es decisión exclusiva de los españoles. Nadie puede hurtar a los legítimos dueños de la soberanía la capacidad de decidir lo que son o lo que quieren ser en el futuro.
36. El PP es un partido político de Centro que hace de la moderación el eje central de su discurso y praxis política y que es consciente del ansia generalizada de la sociedad española por moderar la vida política en nuestro país.
37. Desde nuestras propuestas programáticas, seguiremos trabajando para que España cuente con consensos esenciales en los grandes asuntos de Estado: la lucha contra el terrorismo, la organización territorial, la Justicia y la política exterior.
38. Reivindicamos la política como actividad noble que debe ejercerse desde el respeto a las opiniones de los demás y teniendo en cuenta siempre que el objetivo final de la misma es el servicio al ciudadano.
39. Defendemos la ejemplaridad de los comportamientos políticos como la fórmula más idónea para restablecer el prestigio de la democracia.
40. El PP quiere devolver a los ciudadanos la confianza plena en nuestra democracia y en sus instituciones, reivindicando comportamientos éticos a sus representantes políticos.
41. Apostamos por la calidad, transparencia y cercanía de la Administración a los ciudadanos como la mejor expresión de su vocación de servicio.
42. Somos una formación política Reformista que, donde gobernamos o hemos gobernado, hemos hecho de las reformas el medio más importante de transformación y mejora de la sociedad.
43. Abogamos por el reformismo como garantía de progreso y bienestar de todos los españoles en el marco de una economía libre de mercado asegurando el desarrollo de políticas sociales que permitan una justa redistribución de la riqueza.
44. Somos un Partido Liberal que asume la tradición del liberalismo español surgida de la Constitución de Cádiz. Propugnamos la libertad, la igualdad y el mérito individual como valores que sustentan el progreso de la sociedad. Creemos que el Estado debe garantizar socialmente la igualdad de oportunidades entre las personas, así como el equilibrio territorial mediante políticas que fomenten la cohesión
45. Creemos en la igualdad porque sin ella hay arbitrariedad, privilegio y discriminación, y porque asegura un orden de justicia gobernado por el imperio democrático de la ley.
46. Sin libertad no hay democracia.
47. Defender la libertad es combatir con toda la fuerza del Estado de Derecho a quienes la desprecian o la ponen en entredicho.
48. Defendemos la libertad individual frente a las intromisiones de los poderes públicos y estamos radicalmente en contra de cualquier intento de homegenización social y cualquier exceso de intervencionismo.
49. La libertad individual se expresa en la capacidad de decidir cada día nuestras opciones de vida, bajo la garantía de la ley y del Estado de Derecho.
50. Defender la libertad es la primera obligación de los Estados democráticos, pero también la garantía de su permanencia.
51. El PP cree en una política económica al servicio del bienestar del conjunto de la sociedad y basada en la libre iniciativa privada.
III. España, gran nación de ciudadanos libres e iguales. Modelo de Estado
III. 1. España, nación de ciudadanos.
52. La nación española no es una creación artificial surgida de un texto legal. España es la nación más antigua de Europa, fruto de una historia común labrada de manera voluntaria durante más de cinco siglos por todos los españoles.
53. Sólo una nación fuerte y respetada, dentro y fuera de nuestras fronteras, es garantía de libertad e igualdad entre todos los españoles. Este es el primer gran reto de un partido con vocación de gobierno: asegurar idénticas oportunidades para todos sus compatriotas, sin permitir diferencias entre territorios que supongan un obstáculo para la igualdad efectiva.
54. Las tensiones introducidas en el modelo territorial durante la pasada legislatura han dañado los principios de igualdad y solidaridad y quebrado el modelo de financiación autonómica, aparte de debilitar el papel de las Cortes Generales como garantes del interés general a la hora de decidir las inversiones públicas.
55. El PP considera necesario garantizar la existencia de un Estado eficaz y cohesionado, en el que los distintos niveles de gobierno sumen sus capacidades para dar respuesta a las nuevas necesidades y preocupaciones de los ciudadanos.
56. Para el PP la España de las Autonomías ha conseguido vertebrar a la sociedad española y contribuir a su bienestar y desarrollo, haciendo de la diversidad un elemento enriquecedor sin menoscabo de la unidad, contribuyendo al desarrollo del principio de igualdad, cohesión y solidaridad.
57. Se han resquebrajado los consensos básicos de la Transición porque hay fuerzas políticas empeñadas en romper los fundamentos de nuestra convivencia y el gobierno socialista no ha sabido, o no ha querido, ejercer sus responsabilidades constitucionales.
58. Frente a lo que otros proponen, la España constitucional no es una confederación de naciones ni un Estado federal. Somos una sola nación cuya soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español.
59. La pretensión de despojar al Estado de gran parte de sus funciones esenciales, previstas para garantizar la libertad y la igualdad básicas de todos los españoles allí donde se encuentren y la consecución de los grandes objetivos nacionales, es contraria a la Constitución.
60. En Cataluña y el País Vasco, y en menor medida en Galicia, la existencia de partidos nacionalistas, claramente separatistas y en algunos casos vergonzantemente antidemocráticos (PCTV y ANV), para los que la autonomía no es una estación término, constituyen un punto de partida para avanzar hacia la meta final de la independencia, al margen del modelo territorial de nuestra Constitución.
61. La permanente deslealtad al marco autonómico y sus límites han otorgado a los partidos nacionalistas una capacidad de arbitraje y desestabilización del modelo diseñado en nuestra Constitución que no podemos admitir.
III. 2. Fortalecimiento del Estado. Libertad, bienestar e igualdad entre españoles.
62. Para nosotros España es y debe seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales, como dice el artículo 1º de nuestra Constitución "Un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
63. Nuestro objetivo es fortalecer España. Creemos que es la única realidad histórica y política comprensiva de todos los españoles y la mejor opción que tienen para defender su libertad y su bienestar, su idiosincrasia y pluralidad, rasgos éstos que constituyen la mayor riqueza de todos los españoles.
64. La garantía de la libertad está en la Nación y en su marco legal de convivencia. Hoy, las unidades políticas son más fuertes en la medida en que son mayores. Además, el bienestar de los ciudadanos se garantiza mejor dentro de unidades políticas de gran dimensión.
65. El Estado de las autonomías es plenamente congruente con el ser de España, se ha consolidado y no es en modo alguno incompatible con el ideal de una nación de ciudadanos libres e iguales. No en vano la Constitución pone en manos del Estado los instrumentos necesarios para poner freno a las políticas disgregadoras. Pero hay que tener voluntad política para aplicarlos.
66. En los últimos años un importante número de Comunidades Autónomas han reformado sus estatutos de autonomía para incrementar su autogobierno aumentado su nivel competencial. Bajo la apariencia de una reforma estatutaria, en algunos casos como en Cataluña o País Vasco, se ha planteado una reforma encubierta de nuestra Constitución obviando los procedimientos previstos en la misma así como el derecho de todos los españoles a opinar sobre la cuestión.
67. En la pasada legislatura, modelos, como el de Cataluña, ajenos a nuestra Constitución, plantean relaciones inadmisibles de cosoberanía con el Gobierno de España. En el País Vasco, se ha ido más allá. Tras el rechazo en las Cortes Generales a la reforma planteada, se ha anunciado la convocatoria de un referéndum de independencia para octubre de 2008 sin que el Gobierno haya dado pista alguna de cómo pretende atajar este desafío.
68. Se impone por tanto poner cordura en esta alocada subasta de España de la que, tan culpables como los nacionalistas, han sido los socialistas. Un Partido Socialista que ha preferido mantenerse en el poder a costa de ceder en lo que es de todos antes de sentarse con nuestro partido a cerrar un proceso descentralizador que no puede estar permanentemente abierto, hasta el punto de dejar casi ayuno de competencias al Gobierno de la nación.
69. El PP considera necesario reforzar la democracia local mediante la modernización de los Ayuntamientos, Cabildos, Consejos y Diputaciones, lo que exige un pacto de Estado para impulsar la descentralización, de determinadas competencias hacia los municipios y provincias.
70. El PP defiende un pacto de Estado para acordar un régimen local básico, común para toda España, para lograr que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva, disfrute de los mismos derechos, prestaciones y servicios públicos con la inclusión de un modelo de financiación local estable y suficiente que garantice nuestro modelo descentralizado, que asegure la prestación de unos servicios de calidad y que evite las tentaciones generalizadas de paliar la escasez de recursos locales acudiendo a desordenadas, ineficaces e ineficientes políticas de urbanismo.
71. España como nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, es un reto al que todos estamos convocados. Libertad e igualdad no pueden ser principios privativos de ningún partido político. Estos valores deben formar parte del acervo común de todos aquellos que sentimos con orgullo nuestra pertenencia a esta vieja y gran nación llamada España.
III. 3. Pactos de Estado
72. Para el PP hay materias y cuestiones en las que es imprescindible la existencia de pactos de Estado y grandes acuerdos nacionales.
73. Los pactos de Estado deben ser acuerdos sobre materias que por su propia naturaleza afectan a la esencia misma del Estado como puede ser su organización territorial, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el funcionamiento de la justicia, la política antiterrorista o la educación.
74. Sobre las materias propias de pactos de Estado, el PP siempre estará dispuesto a hablar con el Gobierno y con el resto de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, siendo en todo caso los dos grandes partidos nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, que representan al 90% de los españoles, que son los que razonablemente se alternan en el gobierno del país, los que deben buscar soluciones consensuadas y estables en el tiempo.
III.4 El Estado de Derecho al servicio de la derrota de ETA.
75. El mayor obstáculo para asegurar la libertad de los españoles es la pervivencia del terrorismo. El Partido Popular no descansará hasta que la banda terrorista ETA sea derrotada.
76. Derrota del terrorismo significa, en un Estado de Derecho, que los terroristas serán detenidos, juzgados y cumplan íntegramente sus condenas en prisión.
77. Derrota quiere decir que jamás ningún Gobierno autorice negociación alguna con representantes de la organización terrorista ETA y no permita jamás que ningún partido político vuelva a representar a los terroristas en ninguna institución.
78. ETA es, por supuesto, una organización terrorista porque el terrorismo es su seña de identidad, pero ETA apuesta por un proyecto político que comparte con partidos nacionalistas: la independencia de Euskal Herria.
79. ETA no es la mafia, que recauda dinero para enriquecerse. ETA recauda dinero para hacer posible su proyecto político. El terrorismo la distingue pero no nos puede hacer olvidar su finalidad política.
80. ETA es una estructura compleja en la que está Batasuna, el PCTV, ANV, así como un entramado financiero, económico y cultural que desde múltiples ámbitos de acción colabora en el desarrollo de sus fines.
81. En ETA ha habido un giro, y dentro de ese doble componente político y terrorista, ETA pretende incidir más, en este momento, en la política que en la actividad terrorista, sin perjuicio de que necesite mantener las acciones terroristas para sostener su proyecto político.
82. Los pasos que ha dado ETA, primero en el Pacto de Estella y luego en Perpignan, y la dinámica que han producido en el conjunto de España, constituyen una política global de debilitamiento de la Nación española.
83. El PNV condena el terrorismo pero, al mismo tiempo, todos sus actos desmienten sus palabras. Su actitud en relación a la lucha antiterrorista es siempre obstruccionista. No se puede decir que el PNV es partidario del terrorismo de ETA, pero sí podemos afirmar que no colabora en su derrota.
84. La actitud del PNV ha contagiado el resto de nacionalismos que hay en España. El conjunto de nacionalismos coincide en dar entidad a una ofensiva nacionalista y en intensificar un proceso disgregador de la Nación española.
85. Los buenos resultados alcanzados durante la gestión de Gobierno del Partido Popular en esta materia se basaron en la utilización exhaustiva, dentro y fuera de nuestro país, de todos los instrumentos del Estado de Derecho para derrotar a ETA.
86. El abandono del Pacto por la Libertades y contra el Terrorismo, por parte del Gobierno socialista, ha supuesto un retroceso democrático al legitimar a la banda como interlocutora política del Gobierno de España.
87. Ahora, fracasada la negociación política del Sr. Zapatero y del PSOE, se evidencia la necesidad de retomar el camino antes iniciado, cuyos buenos resultados eran conocidos. Se trata de actuar con la máxima coordinación por parte de los partidos democráticos, pero bajo la condición de un acuerdo público, concreto y por escrito para la derrota de ETA.
88. Es imprescindible la deslegitimación política del terrorismo, que se concreta en negar cualquier interlocución con representantes de la organización terrorista ETA, en no permitir jamás que ningún partido político vuelva a representar a los terroristas en ninguna institución y en no conceder nunca ningún rédito a los terroristas ni por matar ni por dejar de hacerlo.
89. Debemos seguir situando siempre a las víctimas del terrorismo en el frontispicio de nuestra acción política. La memoria, la dignidad y la justicia serán la guía y los objetivos de nuestro quehacer en este terreno. Acompañaremos y amparemos siempre sus reivindicaciones.
IV. Impulsar nuestra prosperidad en la globalización.
90. Vivimos en un mundo inmerso en un mercado global cada vez mayor y más integrado donde la eficiencia debe ser maximizada y en el que la garantía para ser eficiente está en ser cada vez más competitivo.
91. España tiene como reto inaplazable mejorar su competitividad en un mundo global.
92. La competitividad significa disponer de un sistema de infraestructuras de transportes, logísticas y de comunicaciones que permitan una rápida y eficiente conexión permanente con los mercados mundiales de bienes y servicios.
93. Una economía competitiva implica disponer de una dotación de capital humano preparado y dispuesto para la nueva formación en la era de la globalización o, lo que es lo mismo, el aprendizaje permanente pues el propio avance científico y tecnológico hace que lo que ayer aprendimos, hoy ya no sirva; lo que ayer era dogma, hoy ya no es cierto.
94. Más competitividad supone disponer de una legislación laboral que prime la productividad.
95. Competir mejor exige disponer de un marco fiscal atractivo para la inversión en el que se establezcan incentivos y deducciones fiscales claras para impulsar la renta disponible de los ciudadanos y la capacidad de ahorro de las empresas como motores del consumo y de la inversión.
96. Más competitividad significa impulsar inversiones de Investigación, Desarrollo e Innovación, verdaderos hechos diferenciales que distinguen en el siglo XXI a las sociedades competitivas de las que no lo son.
97. El intervencionismo, el proteccionismo y la autarquía son lo opuesto al bienestar y a la prosperidad.
98. El PP apuesta por el librecambio frente a las tentaciones proteccionistas que deben ser paulatinamente vencidas en todo el mundo.
99. Frente al intervencionismo estatista, el mercado ha demostrado ser el mejor mecanismo para extender y maximizar la propiedad y la prosperidad.
100. Ahora bien, para el PP esa bondad del mercado no sólo "no es incompatible con" sino que precisa de unos mecanismos adecuados que garanticen su transparencia y su concurrencia.
101. Para el PP, el mercado requiere de instituciones estables que cumplan con el deber sagrado de velar por las buenas prácticas en el mismo. Ahora bien, las instituciones reguladoras del mercado no pueden estar a lo que Gobierno de turno le ordene porque ello genera distorsiones y, sobre todo, una enorme desconfianza en el crédito del país dentro y fuera.
102. Ser competitivos significa disponer de un marco jurídico claro, estable y en el que la burocracia, los intervencionismos y el exceso de reglamentismo, tan propio de las economías en el siglo XX, dejen paso a "pocas normas pero claras y, sobre todo, que se cumplan".
103. Para el PP la agricultura y la ganadería deben ser objeto de mayor atención por razón del decreciente nivel de renta de los agricultores y ganaderos y también por los crecientes problemas de abastecimiento de algunas producciones básicas a las que asistimos en el mundo desde hace algún tiempo y que están afectando a los precios y a su disponibilidad.
104. Para el PP, garantizar la seguridad alimentaria y alimenticia, a precios razonables para los consumidores y suficientemente remuneradores para los agricultores y ganaderos, debe ser un objetivo prioritario.
105. El PP considera que España debe instar a la Unión Europea a que actúe para contribuir a duplicar la producción alimentaria mundial para responder al aumento de la demanda mundial debido al crecimiento demográfico, la reducción de las cosechas y el uso de biocarburantes.
V. Dotarnos de una educación de referencia.
106. Una sociedad avanzada y del siglo XXI, debe contener como indicador básico y principal, la calidad y excelencia del modelo educativo.
107. La educación es uno de los pilares fundamentales de la libertad de la persona. Por eso el PP aboga por el derecho de toda persona a recibir una educación que permita la igualdad y el acceso al mayor numero de oportunidades.
108. Una educación de calidad debe estar basada en el principio de responsabilidad a través del mérito, el esfuerzo, la tolerancia y el respeto a los demás, así como garantizar el enriquecimiento y desarrollo personal de los ciudadanos.
109. El sistema educativo exige mínimos compartidos en todo el territorio nacional y tiene que garantizar objetivos como la reducción del fracaso escolar, la igualdad de oportunidades en el sistema de becas, la solidaridad y la movilidad de los alumnos.
110. El derecho a estudiar en castellano en todo el territorio nacional y en todas las etapas del sistema educativo es un derecho básico e inaplazable, y a su vez es necesaria la incorporación de otra lengua extranjera que permita garantizar a los españoles mayores oportunidades de futuro.
111. El PP expresa su preocupación por el creciente adoctrinamiento político a través de la educación. Por eso promoveremos la acción de la Alta Inspección del Estado en materia educativa en las Comunidades autónomas para garantizar la enseñanza del castellano, la libertad de elección lingüística en todo el territorio nacional y la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos de las Comunidades autónomas y que estos se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.
112. Respecto a la educación para la ciudadanía, la formación en valores democráticos y ciudadanos tiene que ser transversal a todas las materias y no requiere de una asignatura específica.
113. Se han introducido reformas en la dirección equivocada, que no han dado respuesta a problemas como las altas tasas de fracaso escolar, el abandono prematuro de las aulas, el bajo nivel de conocimiento de inglés y la pérdida de autoridad del profesorado.
114. Premiar la mediocridad y no valorar el esfuerzo han conducido al panorama desolador que ofrece la educación en nuestro país.
115. Nuestro proyecto, nuestro reto en estos próximos años tiene como objetivo prioritario conseguir una educación de excelencia y calidad, que permita la igualdad y el mayor numero de oportunidades para todos, ya que sin duda esta es nuestra gran responsabilidad en la que se fundamenta es desarrollo de nuestra sociedad.
VI. Garantizar el bienestar de todos
116. La sociedad moderna que queremos seguir construyendo tiene como último objetivo, a las personas.
117. La mejora de su bienestar constituye el centro básico y nuclear de nuestro proyecto político.
118. Todas las medidas de mejora de las políticas sociales han constituido y constituyen el principal objetivo de nuestra formación, y entendemos que son una prioridad básica el mejorar todas las actuaciones que permitan desarrollarnos en un mundo global que garantice las mayores y mejores oportunidades de bienestar a las personas.
119. Una sociedad avanzada que quiere sintonizar con la vanguardia del progreso que impone la globalización tiene que contar con toda la capacidad de aportación del conjunto de su capital humano.
120. Un Estado moderno y socialmente comprometido debe apoyar a las familias y atender a las personas con dificultad para valerse por sí mismas.
121. Aumentar la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación permite el mejor aprovechamiento de todo el talento disponible en una sociedad.
122. Una sociedad justa es aquella que promueve políticas proactivas que eviten la marginación y las desigualdades.
123. Es primordial garantizar la libertad de todos en la elección de sus opciones de vida y en su plena realización personal, con plena igualdad de derechos, y cualquiera que sea su orientación sexual.
124. Queremos construir la España de la igualdad de oportunidades y la solidaridad para alcanzar unos niveles de bienestar equiparables a los de los países más avanzados del mundo.
125. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar su igualdad y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Una sociedad avanzada exige la plena integración de las personas con discapacidad.
126. Defendemos una España en la que todos dispongan de las condiciones necesarias para su plena realización personal.
127. España debe alcanzar la plena integración y participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad.
128. La Ley de Dependencia tampoco está respondiendo a las expectativas de las personas con discapacidad de nuestro país y sus familias. Existen importantes problemas en su aplicación y puesta en marcha.
VI.1. Promover la igualdad real.
129. La igualdad es la consecuencia de un desarrollo positivo de la libertad que debe estar abierta a todos.
130. La plena igualdad de oportunidades no debe encontrar obstáculos por razón de sexo.
131. La reivindicación de la igualdad entre hombre y mujer es una constante en las sociedades que aspiran a ser justas y a un mayor progreso.
132. Se dan todavía en el seno de la sociedad española importantes obstáculos a la igualdad real entre sexos que se manifiestan en los ámbitos laboral, social, económico y cultural.
133. La incorporación de la mujer al mercado laboral no alcanza todavía los niveles que registra el empleo masculino. La tasa de actividad de las mujeres está veinte puntos por debajo de la de los hombres y la tasa de paro femenino es cuatro puntos superior.
134. A ello hay que añadir las diferencias que se manifiestan en el propio mercado de trabajo. Las mujeres cobran hasta un 30 por 100 menos que los hombres, la tasa de temporalidad femenina es superior a la masculina y el número de mujeres en puestos intermedios y directivos está por debajo del que ocupan los hombres.
135. Las dificultades de incorporación y permanencia de la mujer al mercado de trabajo están motivadas en gran parte por la dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Las responsabilidades de atención a la familia y , en consecuencia, las dificultades de conciliación siguen recayendo mayoritariamente en la mujer, dificultando su acceso al empleo, su promoción profesional, y su acceso a la formación.
136. Tenemos la responsabilidad de conseguir erradicar la terrible realidad producida por la violencia de género.
137. Impulsaremos todas las medidas, empezando por las educativas, sociales, judiciales y policiales, incrementado de manera decisiva todos los medios materiales necesarios.
VI.2 La familia en el siglo XXI.
138. La familia constituye el núcleo fundamental de desarrollo y crecimiento personal y social en nuestra sociedad. Así, nuestras políticas deben ir dirigidas a su protección y desarrollo.
139. Hombres y mujeres deben poder contar con las mismas opciones y las mismas posibilidades de llevar a cabo, con éxito, sus aspiraciones personales y profesionales.
140. España es uno de los países de Europa que menos gasto social destina a las políticas de familia. Es urgente diseñar políticas de apoyo a la familia y de promoción de la conciliación familiar y laboral, y en particular atender a las necesidades de las familias con mayor número de miembros.
141. Las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral son una realidad para millones de españoles, y radican en problemas para la participación y promoción en el mercado de trabajo y así como en la posibilidad de ejercer el derecho a tener hijos.
142. Es preciso crear condiciones adecuadas para ayudar a las familias con necesidades especiales, tal y como sucede con las numerosas, las que tienen hijos con discapacidad, con personas dependientes y las monoparentales.
143. Aumentar los niveles de igualdad y de cohesión social exige invertir en políticas de familia y, de forma prioritaria, promover la conciliación y combatir las barreras que dificultan la plena participación de todos en el mercado de trabajo.
144. Las políticas de familia son un factor de cohesión e integración de la sociedad. Deben adaptarse a la realidad social y a los nuevos marcos de convivencia.
145. Hay que fortalecer a la familia como institución esencial de la sociedad y garantizaremos su protección económica, social y jurídica, de acuerdo con los principios del artículo 39 de la Constitución. Las políticas de familia no pueden quedar reducidas a una visión simplemente asistencial.
146. Como núcleo fundamental de nuestra sociedad, la familia constituye el lugar básico de encuentro y ayuda mutua entre generaciones, así como el espacio en el que se desarrollan inicialmente nuestros afectos.
147. Hay que otorgar a las políticas de familia un apoyo de carácter transversal en todas las áreas de gobierno. Todas las líneas de acción de los poderes públicos, en todas las materias, tendrán presentes sus necesidades específicas.
148. El PP apuesta por la mejora de forma efectiva de la conciliación de la vida familiar y laboral, y de promover una mayor participación de los miembros de la pareja en el mercado de trabajo.
149. Es imprescindible un reparto equilibrado de papeles entre los miembros de la familiar.
VI. 3. El protagonismo de nuestros mayores.
150. El PP considera que se deben afrontar mejor las necesidades de nuestra población mayor en la España de pleno siglo XXI.
151. El envejecimiento de la población en las sociedades avanzadas plantea grandes desafíos a los que el gobierno no ha sabido dar una respuesta adecuada.
152. Hay que garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas ante las necesidades de gasto futuras que se generarán en materia de pensiones, sanidad y servicios sociales.
153. Los mayores son cada vez más jóvenes. Los avances en salud y calidad de vida permiten que tengan una mayor capacidad de participación en todas las facetas de la vida social.
154. Debemos reconocer a los mayores más derechos y oportunidades de elección de su modelo de vida.
155. La jubilación debe ser un derecho, no una obligación. Los mayores que lo deseen deben poder seguir trabajando.
156. Alcanzar una determinada edad no debe convertirse en un factor limitativo de derechos ni de las capacidades individuales.
157. Debemos garantizar el derecho de las personas mayores que no gozan de una plena autonomía personal a una especial atención para paliar su situación de dependencia.
VI.4. Mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes.
158. La era global cobra forma desde el protagonismo de la juventud. Las nuevas tecnologías han conseguido que a través de la red los jóvenes puedan explorar e interactuar dentro de infinitos universos personales.
159. Los jóvenes se han convertido en los verdaderos generadores de una nueva sociedad del conocimiento gracias a la interconexión plural de complicidades, inquietudes, intereses y sentimientos muy diversos.
160. Su compromiso crítico con causas como la lucha contra la pobreza y el cambio climático, su deseo permanente de ampliar su formación y oportunidades y su contribución a favor de una globalización más humana y democrática, convierten a los jóvenes en protagonistas destacados de los cambios sociales que propagan la libertad a escala planetaria.
161. En la sociedad del conocimiento, una formación de calidad y el manejo de las herramientas tecnológicas que nos conectan con el mundo son clave para el libre desarrollo personal de los jóvenes.
162. El fracaso de la política educativa y de formación, el empleo inestable y de baja calidad y la dificultad de acceso a una vivienda están impidiendo a los jóvenes aportar todas sus capacidades a nuestra sociedad.
VII. Reformar la Justicia para que sea eficaz.
163. Uno de los indicadores más importantes de una sociedad avanzada es disponer de un sistema judicial que garantice la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos con la mayor eficiencia y eficacia en el marco de nuestro estado de derecho.
164. Desgraciadamente asistimos en pleno siglo XXI a un sistema judicial desacreditado ante los ciudadanos carente de las garantías de eficacia necesarias que no esta garantizando el desarrollo y ejecución de los derechos de los españoles. Una sociedad avanzada y moderna de este siglo necesita un mejor modelo judicial.
165. Por ello nuestro gran reto en la modernización del sistema judicial, dotándolo de los recursos materiales y tecnológicos precisos, así como incorporando un sistema informático armonizado, que garantice esa eficacia deseada de una mejor y mayor coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
166. En un sistema democrático la Justicia es la garantía de la protección de las libertades y de la convivencia.
167. El buen funcionamiento de la justicia exige la independencia efectiva del Poder Judicial pero también voluntad e ideas para corregir el espectáculo que cada día se observa en esta materia
168. Asistimos a una creciente alarma social sobre fallos en cadena del sistema judicial español.
169. Los españoles tenemos derecho a exigir que la Administración de Justicia funcione y sea un servicio eficaz, rápido y responsable. De otra manera, no podemos decir que los derechos de los ciudadanos estén plenamente protegidos.
170. Para el PP es fundamental construir entre todos un sistema de justicia eficaz de una vez por todas.
171. Apostamos por un Poder Judicial único, con jueces independientes y profesionales.
172. Este sistema judicial debería garantizar la estabilidad del Consejo General del Poder Judicial, la despolitización del Tribunal Constitucional, la no instrumentalización de la Fiscalía General del Estado y el mantenimiento del Tribunal Supremo con competencias en todo el territorio nacional.
173. Nuestro ordenamiento jurídico precisa un nuevo proceso penal que otorgue la agilidad y capacidad de respuesta que demandan los ciudadanos.
174. El PP es sensible a los planteamientos de muchos españoles que están demandando cambios legales que garanticen más severidad en las penas de determinados delitos como la pederastia, la violencia de género, la pornografía, etc.
175. Impulsaremos reformas importantes como la figura del juez profesional itinerante que permita una mayor eficacia y seguimiento de la actividad judicial así como la figura del ayudante a la fiscalía, y medidas urgentes para garantizar la ejecución plena de las miles de sentencias pendientes de ejecutar en este país.
176. Una sociedad moderna y avanzada debe poseer el mejor y más eficaz sistema judicial, siendo sin duda uno de los principales retos y objetivos prioritarios de nuestra formación.
VIII . Establecer una nueva política de seguridad.
177. La primera obligación de un estado democrático es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos ya que es este el requisito indispensable para el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades, y uno de los principales indicadores y exponentes de una sociedad cada vez más desarrollada democrática y avanzada.
178. La seguridad es el requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos y libertades.
179. España es hoy un país más inseguro. Al incremento de los delitos hay que añadir la aparición de nuevas formas delictivas.
180. Delitos como los secuestros expréss, los asaltos a viviendas familiares, la pederastia, la pornografía infantil o el fraude a través de Internet, son hoy una realidad en aumento en nuestro país.
181. Es evidente que desde el gobierno no se ha sabido dar la respuesta contundente que los ciudadanos reclaman ante esta situación.
182. No se han acometido las reformas legales y penitenciarias necesarias, y no se han incrementado suficientemente los medios y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
183. Para el PP, la aplicación de leyes actualizadas y eficaces, junto con la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los instrumentos a través de los cuales el Estado de Derecho garantiza esta seguridad.
184. La seguridad representa un bien de todos al que deben contribuir en colaboración y coordinación todas las Administraciones Públicas.
185. Las Comunidades Autónomas están llamadas a desempeñar un papel más activo en materia de seguridad a través de sus funciones constitucionales y estatutarias de coordinación y apoyo a las policías locales, y de colaboración con el Gobierno de la Nación en política de seguridad.
186. Para el PP la reforma de la política de seguridad para hacerla más eficaz debe basarse en principios diversos, pero en todo caso debe combatir sin concesiones la criminalidad, reforzar el control de fronteras, lucha contra la violencia machista, proteger a nuestros jóvenes, revisión del Código Penal para mejorar la lucha contra el crimen, reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y del régimen Penitenciario, mayor cercanía al ciudadano, potenciar la cooperación internacional y mejorar la seguridad vial.
187. Defendemos una nueva política de seguridad que aplique la máxima firmeza contra la delincuencia, para reducir drásticamente las tasas de criminalidad y hacer frente a los nuevos fenómenos delictivos.
188. Pensamos que hay que adecuar las leyes y la justicia penal a la evolución de la criminalidad, evitando que los delincuentes puedan obtener ventaja y dando respuesta con penas adecuadas a los nuevos fenómenos delictivos que están emergiendo en nuestro país.
189. Para el PP las policías autonómicas actuales y las que se pongan en marcha siguiendo prescripciones constitucionales y estatutarias son una parte esencial del modelo de seguridad en España.
190. Consideramos importante reforzar los mecanismos de cooperación con las Policías Autonómicas así como fomentar la participación de las Comunidades Autónomas en la definición y desarrollo de la política de seguridad en su territorio, de acuerdo a sus respectivos Estatutos de Autonomía.
IX. Integrar la inmigración.
191. Uno de nuestros grandes retos para los próximos años es acertar con un modelo de integración de la población inmigrante.
192. La elección correcta de este modelo clave para alcanzar el éxito de la sociedad española, a fin de lograr una convivencia sin conflictos, respetuosa con nuestros valores constitucionales y que contribuya al bienestar de todos.
193. Defendemos la entrada ordenada y legal de inmigrantes en España porque contribuye a hacer de la inmigración una oportunidad para quienes llegan y para quienes estamos.
194. La inmigración es una fuente de riqueza económica, social y cultural, pero la falta de políticas adecuadas y realistas de integración puede generar tensiones en la convivencia.
195. La entrada ilegal en nuestro país no puede convertirse en fórmula válida para quedarse en España, pues dicha política ha fracasado, provocando un efecto llamada que se ha traducido en una tragedia humanitaria criticada también por nuestros socios europeos.
196. Creemos indispensable una política de control de fronteras, de lucha decidida contra el tráfico de seres humanos y las prácticas de explotación.
197. Las fronteras más vulnerables deben tener una vigilancia reforzada lo que debe traducirse en mayores controles en Ceuta y Melilla así como la disponibilidad de Sistemas Integrados de Vigilancia en todas las islas del archipiélago canario.
198. Para facilitar la convivencia y la integración de quienes lleguen y estén de manera legal, el PP defiende una clara pedagogía en relación a las normas de convivencia, deberes, derechos y obligaciones de los inmigrantes en España, que no podrán ser obviadas si lo que se desea es vivir en nuestro país.
199. Apostamos por incrementar su ayuda al desarrollo en los países originarios de los inmigrantes priorizando los proyectos generadores de empleo que cubran los déficits de equipamientos sanitarios y educativos así como las infraestructuras de transportes y agua.
200. La política común de inmigración debe estar basada en la armonización de las estructuras políticas y administrativas que se ocupan de la inmigración; políticas que acrecienten el desarrollo económico de los países origen del fenómeno, potenciando los acuerdos de readmisión, el rechazo a las regularizaciones masivas, la gestión efectiva de las fronteras exteriores asegurando recursos a FRONTEX y un esfuerzo en el tratamiento de la inmigración legal.
X. Contribuir a una política internacional coherente.
201. España debe aspirar a ser un miembro activo en la comunidad internacional, volver a ser un país que cuente en la configuración de la agenda global de libertad y prosperidad, recobrar peso e influencia en la Unión Europea y más interlocución política y diplomática con los Estados Unidos.
202. Debemos prestar una permanente atención al Magreb, zona con la que mantenemos una importante y compleja relación. Reafirmamos nuestro compromiso con el Plan de Paz de las Naciones Unidas en relación con el Pueblo Saharaui.El PP asume como objetivo que España entre a formar parte del G-8.
203. Reafirmamos nuestro objetivo de conseguir una solución al contencioso de Gibraltar, debiendo esta cuestión ocupar el lugar que merece en nuestra agenda diplomática.
204. Consideramos prioritario en la Unión Europea el fortalecimiento del vínculo trasatlántico con los Estados Unidos y Canadá, así como el refuerzo de nuestra presencia en los países emergentes de Asia.
205. España debe contribuir a la promoción de la paz en Oriente Próximo, reactivando la capacidad de interlocución que tuvimos con los países árabes e Israel.
206. España debe hacer de la lucha contra la pobreza en África uno de los ejes de nuestra política exterior. 207. Las relaciones con América Latina deben ser una prioridad estratégica de la nuestra agenda internacional.
208. Las líneas esenciales de la política de Defensa deben ser objeto de consenso entre las dos principales fuerzas políticas para dar estabilidad y fiabilidad a los compromisos del Estado.
209. Consideramos que las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en otros países desempeñan su misión en escenarios de elevado riesgo para su seguridad lo cual exige que se dote a esos contingentes de todos los recursos que garanticen la seguridad de sus componentes y la mayor eficacia de su misión.
210. Durante la legislatura que acaba de concluir, España ha perdido peso en Europa. La ausencia española en los principales debates y la falta de iniciativas han caracterizado este periodo.
211. Es necesario fortalecer la Política Exterior y de Seguridad Común como complemento a la alianza trasatlántica, así como la defensa activa y concertada de los derechos humanos en las relaciones internacionales. En este marco el PP considera que Europa deberá prestar una especial atención a sus relaciones con América Latina.
212. Hay que atender el desarrollo de la ampliación y las políticas de vecindad, admitiendo a nuevos Estados miembros pero también ofreciendo status especiales de colaboración a sus vecinos.
213. Durante los próximos años será esencial la consecución de los objetivos de la estrategia de Lisboa, completando el mercado único, con el fin de promover una sociedad europea dinámica, innovadora y basada en el conocimiento.
214. La estabilidad del euro, la independencia del Banco Central Europeo y unas finanzas públicas saneadas en un entorno de bajos tipos de interés, estabilidad de precios y moderada presión fiscal son requisitos indispensables para aumentar el nivel de vida y acrecentar la prosperidad.
215. La solidaridad y la cohesión social, económica y territorial son objetivos importantes de la integración europea y, por lo tanto, debe seguir siendo financiada por el presupuesto de la Unión.
216. Consideramos que una creciente diferencia económica entre los Estados y las regiones de Europa y deficientes conexiones de infraestructuras entre ellas, constituyen un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo.
217. El terrorismo constituye la principal amenaza a nuestra convivencia y a nuestros valores. Una Unión Europea sin fronteras interiores solo será capaz de afrontar con eficacia la amenaza terrorista, la delincuencia y las organizaciones criminales intercambiando conocimientos e información de manera eficiente y coordinada.
218. Europa debe disponer de una clara política energética, coherente en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y de un desarrollo sostenible. XI. ¿Qué sociedad queremos?.
219. El trabajo del PP durante los próximos tres años estará encaminado a tomar las iniciativas políticas necesarias para transmitir a la sociedad española nuestras propuestas basadas en los principios y valores que inspiran el modelo de sociedad en el que creemos.
220. Actuaremos desde nuestro posicionamiento político de centro, reformista y liberal.
221. Queremos restablecer el diálogo y el consenso que nos han acompañado desde la Transición buscando un acuerdo básico en las políticas que son clave para el Estado y garantizando la estabilidad de la España constitucional y la viabilidad del Estado de las Autonomías.
222. Nuestro objetivo, en todo caso, es el fortalecimiento de España como la nación de ciudadanos libres e iguales que es. Creemos que España es la única realidad histórica y política comprensible de todos los españoles. Frente a lo que otros proponen, la España constitucional no es una confederación de naciones ni un Estado federal, sino una sola nación cuya soberanía corresponde única y exclusivamente al pueblo español.
223. Aspiramos a que nuestra sociedad derrote definitivamente al terrorismo. Estamos seguros de poder hacerlo si volvemos a la senda de los pactos, rechazando toda negociación política; con firmeza -sin vacilaciones- en la aplicación de la Ley; con el apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; con la expulsión de los terroristas de las instituciones democráticas y con la solidaridad hacia las víctimas como ejes centrales de nuestra política antiterrorista.
224. Propondremos pactos de Estado al Gobierno y al resto de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento.
225. Queremos una sociedad con mejor calidad de nuestra democracia y con mayor confianza de los ciudadanos en nuestra democracia constitucional. Por eso trabajaremos para fortalecer la independencia del Poder Judicial, la autonomía y profesionalidad de los organismos de regulación, el protagonismo de las Cortes Generales y la lucha contra la corrupción y para hacer valer los derechos de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas.
226. A pesar de las profundas transformaciones a las que asistimos, nuestros valores no sólo permanecen inalterables sino que adquieren una mayor y más importante dimensión en el mundo global: el valor y la dignidad de la persona y en definitiva su libertad.
227. Creemos en la libertad y sabemos que la globalización precisa un mercado libre, pero también es evidente que el mercado exige unas Instituciones que velen por la transparencia y el correcto funcionamiento de las reglas de juego, máxima garantía para la libertad individual.
228. Aspiramos a hacer de España una de las cinco economías más avanzadas del mundo con mejores niveles de productividad y de competitividad y con una mayor capacidad de atracción de inversiones y actividades, lo que exige una política económica clara y decidida y un marco institucional que propicie confianza, la apuesta por la libertad y las reformas, junto a un fuerte compromiso en educación e innovación, la estabilidad presupuestaria, el rigor en la gestión del gasto público, la reducción de impuestos y la modernización de nuestras infraestructuras.
229. Queremos hacer de España un país más seguro donde sea efectiva la lucha contra la delincuencia y se garantice la seguridad ciudadana con el refuerzo de todos los instrumentos del Estado de Derecho.
230. Queremos que España recupere nuestra voz en el mundo y vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en los grandes foros internacionales y recupere una posición de influencia y liderazgo.
231. Alcanzar el pleno empleo implica trabajar para que todos los españoles, hombres y mujeres, jóvenes y mayores tengan acceso a un puesto de trabajo lo que exige en primer lugar medidas eficaces que inviertan la actual tendencia a la destrucción de empleo y disponer de un mercado laboral más dinámico, que garantice la formación permanente y que vele por los derechos de los trabajadores.
232. Mejorar nuestro sistema educativo es condición necesaria para mejorar nuestra dotación de capital humano. La sociedad española reclama un sistema educativo de calidad que prepare a nuestros jóvenes para ser competitivos en un entorno cada vez más global. Un sistema educativo que sea la principal garantía de lucha contra la pobreza y la exclusión social.
233. Aspiramos a una sociedad más cohesionada y solidaria, donde todos los ciudadanos cuenten con iguales oportunidades para su desarrollo personal y profesional. Una sociedad con igualdad real donde las diferencias nazcan del trabajo, del esfuerzo y del mérito.
234. Apostamos por conseguir la plena integración de los inmigrantes mediante un nuevo modelo de integración para quienes han elegido vivir entre nosotros, basado en el respeto a nuestros principios y valores constitucionales. Si queremos que la inmigración sea una oportunidad para todos debemos asegurar que la incorporación de personas procedaaentes de otros países y culturas contribuye al bienestar del conjunto de la sociedad española.
235. La sociedad por la que trabajamos exige un fuerte compromiso contra la exclusión social y con las políticas que impulsen la plena realización de las personas. Debe garantizar el cuidado y la atención de las personas que carecen de autonomía personal en condiciones de calidad y equidad.
236. Nuestro proyecto no tiene, pues, otro objetivo que servir a España y a nuestros compatriotas, convertirnos en el instrumento adecuado para que los anhelos de libertad, concordia y prosperidad arraiguen en nuestro país de manera definitiva y permanente, siendo tarea de todos conservarlos y perfeccionarlos día a día, para legarlos a las futuras generaciones.
